La República, La mitadmasuno, 11 de enero de 2013.

Los caudillos que en las elecciones del 2011 se impusieron a los partidos políticos y destrozaron la institucionalidad que les quedaba, eligiendo personalmente los candidatos al Congreso, acaban de recibir el vuelto. Los parlamentarios, hijos legítimos del matrimonio entre el voto preferencial y la personalización de la política, se han independizado de las estructuras partidarias más rápidamente que en periodos anteriores y han sometido al actual Congreso a trance casi trágico.

Los componentes de esta etapa de la crisis de representación son dos. En lo externo, la crisis de legitimidad que coloca al Congreso ante respaldos mínimos y la crisis interna, que ha esterilizado al Legislativo al extremo de que las principales leyes aprobadas el año pasado fueron por iniciativa del gobierno.

El caso del bono de representación ha llevado la crisis a extremos; el Parlamento podría haber sido tomado por un grupo variopinto y pragmático que estaría tutelando a una Mesa Directiva débil. Este grupo se ha expresado en las palabras de José Luna Gálvez, actual presidente moral del Congreso, quien ha lanzado un desafío violento y peligroso a los ciudadanos: “Si quieren un buen Congreso páguenle bien, si no revóquenlo”, a sabiendas que ambas cosas no son viables ahora.

El Parlamento va camino a convertirse en la principal fuente de precariedad institucional y sus enemigos históricos ya han señalado entre dientes su alternativa clásica, es decir, cerrarlo. Esta opción antijurídica y golpista es todavía lejana, sobre todo porque el país disiente de ella y porque la sociedad no se encuentra como en el pasado presionada por los imperativos falsamente antagónicos de orden vs. la libertad. Sin embargo, vale la pena reseñarla como una alternativa porque corresponde a una visión de quienes consideran que es perfectamente posible una democracia sin Congreso si ya tenemos una democracia sin partidos.

La segunda opción es el de la cólera ciudadana, legítima pero con escasa perspectiva. Tendremos en adelante la exigencia de que todos los parlamentarios se vayan a su casa inscrita en las reivindicaciones sociales y en los programas políticos. Debe reconocerse, sin embargo, que desde hace 20 años el “que se vayan todos” es casi una realidad en el Perú, un país cuya tasa de reelección de parlamentarios (27%) es la más baja de América Latina, de modo que tres de cada cuatro congresistas elegidos son nuevos y eso no significa, necesariamente, que el Parlamento mejore.

El tercer escenario es el de la reforma democrática que debería estar en manos del mismo Parlamento que, dejando de lado su vocación suicida, tendría que abordar los cambios en el sistema político y de elección de representantes atascados desde el año 2001, particularmente la eliminación del voto preferencial, el financiamiento público de las campañas, las elecciones primarias obligatorias, la alternancia de género en las listas de candidatos, la renovación por tercios o por mitades y la reducción de los distritos electorales para hacer más directa la representación.

Es obvio que este Congreso no abordará por sí mismo esta reforma, de modo que la única salida es la gestación de una iniciativa ciudadana que haciendo uso de los mecanismos de participación política que la Constitución reconoce se dirija al pueblo y recabe de él adhesiones firmadas para presentar proyectos de reforma política en el Parlamento. Es cierto que ello tampoco garantiza que el Congreso se reforme; sin embargo, se habrá iniciado un camino de participación y movilización ciudadana que en el mediano plazo logre resolver la crisis de representación y nos devuelva un mejor Parlamento con congresistas más legítimos. En el horizonte esta es la única salida práctica, viable y democrática que por un lado ataje el empeño autoritario que está sembrando un cierre del Congreso en el largo plazo y, al mismo tiempo, permita un horizonte constructivo a la indignación ciudadana.