La República, la mitadmasuno.

El Perú está cerca de superar el simbólico año doce, es decir, más de 12 años de democracia ininterrumpida desde que jurara el gobierno constitucional el 28 de julio del 2001. Descontando el periodo de la llamada República Aristocrática (1895-1919) que tuvo en medio la asonada contra Augusto B. Leguía (1909) y el golpe contra Guillermo Billinghurst (1914), y considerando que en ese período el voto era muy restringido, el Perú no ha tenido más de 12 años de democracia ininterrumpida.

En el siglo XX, el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948) duró 3 años y 3 meses; Manuel Prado cumplió su primer mandato de casi 6 años (1939-1945) pero no acabó el segundo (1956-1962) por el golpe de Pérez Godoy y Lindley López. Fernando Belaunde fue golpeado antes de cumplir su mandato y entre 1980 y 1992 se sucedieron tres presidentes (Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori) hasta el golpe del 5 de abril 1992.

De no mediar cataclismos políticos y aventuras, superaremos los 12 años de democracia y el 2016 tendremos la tercera sucesión constitucional luego de elecciones libres y democráticas y por primera vez en la historia cuatro presidencias sucesivas ejercidas por mandatarios elegidos democráticamente. Desde una lógica optimista podría considerarse que este dato frío expresa la madurez del sistema político y la superación de la adolescencia de un país que ha combinado en la última década crecimiento económico y democracia.

Rescatando la importancia del curso democrático experimentado desde el 2001, y especialmente su resultado en cuanto a la reducción de la pobreza, requerimos valentía para reconocer que llegamos a los 12 años con escaso aliento y en medio de una crisis política que ha devorado a casi todos los partidos y ha pulverizado representaciones y legitimidades. En los últimos meses, esta crisis avanza sobre instituciones como el Congreso, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, de modo que la primera pregunta sería que, superados los doce años simbólicos, cuánto más durará un sistema cuyas instituciones están siendo carcomidas en vivo y en directo por la crisis y la corrupción.

Doce años no es nada si se compara con lo alcanzado en períodos similares por otros países de la región que han impulsado oportunas reformas que resanan las heridas del sistema y perfeccionan las instituciones. El impulso reformista en la región cubre a países que han estrenado Constituciones (Venezuela, Bolivia y Ecuador) y a los que han procesado cambios sustanciales a Constituciones y a leyes orgánicas, como es el caso de Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia.

Nuestro auge económico ha impuesto un velo de cinismo a la clase política y a los líderes públicos y privados que reconocen la necesidad de reformas institucionales sin esforzarse por concretarlo. En ese universo cínico cabe la idea de que un país que crece entre 6 y 8% cada año puede darse el lujo de patear las reformas hacia adelante y para otros.

En este campo seguimos siendo un país adolescente. Es desalentador cómo la política, ayudada convenientemente por la mediocridad de sus medios, se entretiene en las bajas pasiones y en las disputas minúsculas dándole la espalda a la reforma, inclusive a aquellas que recogen un alto consenso social.

Al iniciarse el 2013 se pensaba que este sería el año de las reformas y se enumeraron algunas de las más importantes. Es muy probable que en los siguientes meses no tengamos ningún cambio institucional de gran calado. Es visible que lo más urgente de ellos, la reforma política, está siendo encerrado por falta de interés o por alto interés en que las cosas continúen como están. El espectáculo de la campaña por la revocatoria, llena de fango y de poderes oscuros que salen a la luz y que amenazan a la ciudad con el caos, son los fuegos artificiales cuyo sonido y color pretenden ocultar el olor de la descomposición.

¿Quién responderá en los próximos años cuando las reformas que hoy se reclaman como urgentes ya sean imposibles y quizás innecesarias?